Los gremios educativos bonaerenses y la comunidad universitaria profundizan su plan de lucha contra el ajuste presupuestario, exigiendo la apertura de paritarias y el cumplimiento efectivo del financiamiento legal.

La comunidad educativa afronta jornadas de máxima tensión política y gremial a raíz de una serie de protestas que combinan un paro docente en el territorio bonaerense y una nueva movilización nacional hacia el Congreso de la Nación. Las medidas de fuerza se desarrollan en reclamo de una urgente recomposición salarial, el rechazo a los porcentajes de incremento considerados insuficientes y la demanda de mayores recursos destinados al sistema universitario público.

En el ámbito provincial, los sindicatos agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense concretarán un cese de actividades por veinticuatro horas, afectando el dictado de clases en las escuelas públicas. Los gremios fundamentan la medida en la pérdida de poder adquisitivo frente al incremento inflacionario y cuestionan la falta de respuestas oficiales ante las exigencias de actualización salarial para el sector docente y no docente.

En paralelo, las universidades nacionales preparan la quinta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria se produce en medio de cruces presupuestarios, luego de que el Gobierno nacional proyectara partidas por debajo de las estimaciones requeridas por el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el normal funcionamiento de las altas casas de estudios.

De esta manera, el conflicto educativo se consolida como uno de los ejes centrales de la agenda pública, evidenciando la profunda divergencia entre los reclamos de los sectores gremiales y la política de contención fiscal impulsada por la administración central de cara al próximo ejercicio presupuestario.