La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se convirtió en el primer máximo tribunal del país en pronunciarse favorablemente sobre la reforma laboral, convalidando el artículo cincuenta y cinco de la ley veintisiete mil ochocientos dos en la causa caratulada "Fernández c/ Ozuna".

El fallo resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad interpuesto contra la norma y ordenó recalcular el crédito de una trabajadora utilizando la pauta oficial establecida, que fija una tasa pasiva sujeta a un tope consistente en el índice de precios al consumidor más un tres por ciento anual, con un piso garantizado del sesenta y siete por ciento.

Los magistrados sostuvieron que la implementación de esta banda de actualización no vulnera el derecho de propiedad ni constituye un mecanismo confiscatorio, sino que equilibra la protección del trabajador con la previsibilidad económica y la certeza para el sector empresario frente a los juicios en trámite.

Asimismo, el tribunal advirtió sobre la insuficiencia de los planteos genéricos de inconstitucionalidad, exigiendo que cada demandante aporte un cálculo pericial y numérico específico que demuestre el perjuicio concreto en su caso particular para poder apartarse de la regla general.

La decisión judicial profundiza la disparidad de criterios jurídicos con los tribunales de la Capital Federal —cuyas salas laborales sostienen posturas contrarias— y deja expedito el camino para que sea la Corte Suprema de la Nación la encargada de sentar una doctrina uniforme sobre la actualización de los créditos laborales en todo el país.