El PRO rechazó la medida judicial que postergó la entrada en vigor del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió que la decisión no soluciona el problema de fondo. En un comunicado, la fuerza sostuvo que desde los 14 años un adolescente comprende la gravedad de acciones como matar, robar a mano armada o integrar una organización criminal, y que la reducción de la edad de imputabilidad se estableció basándose en evidencia y experiencia internacional.
La ley, explicaron, no busca perseguir a los menores, sino terminar con la impunidad y dar consecuencias a quien delinque. Su propósito es dotar al Estado de herramientas para intervenir a tiempo y evitar que esos jóvenes queden definitivamente atrapados en el mundo del delito y las bandas criminales.
Ante la falta de infraestructura señalada por la justicia, el partido respondió que la solución no es suspender una norma votada por el Congreso, sino que el gobierno provincial debe cumplir con lo que la propia ley exige: crear centros adecuados, equipos especializados y espacios de contención y reinserción. Remarcó que desde el inicio advirtieron que sin recursos la ley sería ineficaz, por lo que impulsaron que esos fondos estuvieran previstos.
“La ley está. Los recursos están previstos. Falta decisión”, afirmaron tajantemente. Cerraron el comunicado con un llamado a poner fin a la impunidad para los delincuentes, reclamando que se cumpla la legislación aprobada y que se garantice su aplicación efectiva sin más demoras.